Columna publicada en EL PAIS de Montevideo el 19.6.2013

Hernán Sorhuet Gelós

DEMOCRACIA DIRECTA

Una de las características más llamativas desde el punto de vista de la madurez cívica de nuestra sociedad -que parecen dibujarle un perfil singular a nuestro siglo XXI- es la frecuente utilización de las iniciativas populares.

Desde hace años se reclama más participación desde la mayoría de discursos políticos, invocando el argumento de que la democracia tiene en la ciudadanía sus cimientos más firmes y estables.

Por esta vía se han derogado leyes aprobadas por el Parlamento, se han modificado artículos de la Constitución, con la serenidad emocional que siempre transmite el hecho de que el Pueblo se haya expresado en las urnas sobre un determinado asunto; aunque siempre hay lamentables excepciones.

Como es lógico, los pasos previstos para activar estos mecanismos demandan bastante trabajo y esfuerzo, y mucha convicción por lo que se lucha.

Vale la pena comentar el acontecimiento que ocurrirá en una semana, cuando la comisión “Tacuarembó por la Vida y el Agua” presente ante la Junta de ese Departamento, las firmas necesarias para que se prohíba el desarrollo de actividades mineras para la extracción de metales a cielo abierto en toda su jurisdicción.

Será la primera vez que una iniciativa popular se utilizará en un Gobierno Departamental, mecanismo previsto por el marco jurídico uruguayo –artículo 305 de la Constitución de la República y la ley 9.515 de 1935, sobre el gobierno y la administración de los municipios.

Si la Junta verifica que la petición cuenta con el apoyo del 15% de los votantes residentes en Tacuarembó, tiene 60 días para pronunciarse. Y en caso que lo haga negativamente, el Intendente Departamental convocará el referéndum entre los 30 y 60 días siguientes.

Hasta ahora lo habitual eran las iniciativas realizadas en el ámbito nacional. Llama la atención que una comunidad se movilice y organice en torno a un determinado problema de interés general, que identifica como serio y que, desea solucionar dentro de la jurisdicción departamental, aunque el tema -como en este caso- sea de alcance y consideración nacional.

En la actualidad el país está inmerso en la definición de aspectos muy importantes en materia de política minera. Es un tema muy complejo, que involucra un abanico de intereses sociales, económicos, políticos y ambientales, que a su vez interaccionan entre sí.

Lo que llama la atención es la madurez que está demostrando la ciudadanía, ante ese caso y otros, en el sentido de cómo se va fortaleciendo su capacidad de reacción y organización, en defensa de lo que considera sus legítimos derechos, que no son respetados o puedan ser atropellados.

La comisión civil tacuaremboense está integrada por personas que provienen de los ámbitos más diversos. Hay productores rurales, trabajadores, periodistas, empresarios, ediles, autoridades eclesiásticas, sindicalistas y, desde luego, simples vecinos.

Estamos frente a fenómeno social que fortalece a la democracia, porque tenemos instituciones serias y con el respaldo necesario para garantizar plenamente el ejercicio de los derechos civiles de los votantes.